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La convocatoria de elecciones generales el 20 de noviembre y la consiguiente disolución de las Cortes originarán que la tramitación de la nueva Ley de Contrato del Seguro tenga que aplazarse a la próxima legislatura. En verano, los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda presentaron un nuevo Anteproyecto, que recogía algunas de las demandas de los mediadores, como la posibilidad de cubrir sanciones derivadas de conductas culposas; la eliminación de la duración máxima del contrato de seguro a 10 años, o la comunicación al tomador con al menos dos meses de anticipación de los cambios en la prima, medidas que habían sido consensuadas entre el Consejo General y varias asociaciones de mediadores.

Adecose también valoró positivamente la incorporación de sus propuestas: Eliminación de la posibilidad del asegurador de repercutir al tomador, asegurado o beneficiario, el coste de emisión de la copia o duplicado en caso de extravío de la póliza; posibilidad de cubrir las sanciones administrativas salvo las derivadas de conductas dolosas; supresión de la prohibición de fijar una duración del contrato superior a 10 años; clarificación del artículo sobre intervención del mediador; inclusión de la figura del asegurado respecto a la comunicación de la modificación o resolución del contrato por agravación del riesgo, o supresión en cuanto a la indemnización en Daños de la facultad del asegurador de probar que éstos fueron robados o hurtados.

No obstante, la asociación señaló que el Anteproyecto “sigue adoleciendo de importantes deficiencias en su redactado”.