El Gobierno central recula y ahora aclara que el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia "no modifica el tratamiento tributario de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico", por lo que "seguirán exentas en la misma medida y con las mismas condiciones que reconoce la normativa actual".
Asimismo, también han indicado que tampoco "las indemnizaciones por accidentes de tráfico acordadas al margen del sistema judicial requerirán la intervención de un tercero neutral y elevar el acuerdo a escritura pública".
Estos han sido los términos utilizados desde el Ejecutivo en respuesta a una pregunta presentada por el grupo parlamentario VOX, que se hacía eco de la denuncia pública de, entre otros, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (Anava-RC), UNESPA o el Consejo General de Mediadores.
Desde el organismo que agrupa a los colegios provinciales alertaban que obligar a las víctimas de accidentes de tráfico a tributar por la indemnización que perciban de las aseguradoras es "un ataque frontal a la base del sistema asegurador que añade un nuevo perjuicio al afectado y aumenta los litigios".
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