El Ejecutivo de Rajoy aprende la lección del país heleno y trata de evitar cualquier comparación con Atenas.
Carolina G.-Cortines.– Pese a que el riesgo de los bancos, aseguradoras y los fondos de inversión españoles con deuda soberana griega es muy inferior al del resto de países comunitarios, los cálculos de los analistas dan por hecho que se perderán del orden de 1.000 millones de euros una vez que culmine el proceso. Según las estimaciones del Banco Internacional de Pagos de Basilea la deuda griega en manos de entidades españolas llegó a sumar 1.820 millones de euros en el 2011. Supone sólo un 0,1% del PIB, muy lejos de los porcentajes por ejemplo de Portugal. Sus 13.936 millones de euros en deuda soberana griega alcanzan el 5% del PIB. Los 107.721 millones de exposición de la banca francesa suponen el 3% del PIB francés. En el caso alemán los 64.354 equivalen al 1,5% del PIB germano. La modestia en porcentaje de las cifras españolas ha llevado a los responsables de la banca española a manifestar sus quejas por el tratamiento que ha recibido el sector en España. Es el caso del presidente del Banco Popular.
Ángel Ron ironizaba en la presentación de resultados de la entidad con el duro trato recibido por la banca española por parte de la Autoridad Bancaria Europea a la hora de las exigencias de capital, teniendo en cuenta que las pruebas de resistencia se iniciaron por el miedo al contagio que pudiera generar la deuda griega y cuando se comprobó la insignificancia de las cifras, se cambiaron los criterios para decidir el fortalecimiento de capital necesario para el sector financiero español.
Las cantidades de deuda griega que están todavía vivas en manos de bancos, aseguradoras y fondos de inversión están repartidas casi a partes iguales entre estos tres sectores, según expertos del mercado secundario español. Los bancos españoles que han confirmado que tienen en su cartera deuda que al final del proceso habrá perdido un 70% de la inversión son: Santander, BBVA, Bankia, Banco Pastor, Effibank, Unicaja y Banca Cívica. Por parte de las aseguradoras todavía tienen en su cartera estas inversiones; Mapfre, Groupama, Reale, Arag y Preventiva. Los montantes en fondos de inversión suponen una incógnita.
España no quiere comparaciones con Grecia
En cuanto a la visión desde el Gobierno, los ministerios de Exteriores, Economía y Agricultura están siendo muy activos en sus negociaciones con Bruselas para obtener por una parte más fondos de los inicialmente previstos con el fin de estimular algunos sectores de la economía española, al tiempo en que siguen insistiendo en la necesidad de relajar la cifra del recorte presupuestario. Los argumentos son sencillos. Por una parte hay fondos sin utilizar, por otra hay que enviar mensajes realistas a los mercados y a los ciudadanos. La carta enviada a Bruselas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a otros 11 primeros ministros va en este sentido. Con un añadido fundamental: España no quiere que se la compare con Grecia. Aquí el Estado funciona, con errores como es lógico, pero la Administración ha pasado a la fase de poner en marcha las medidas necesarias tras reconocer la gravedad de la crisis.
Ni la situación ni las ayudas que España necesita tienen nada que ver con las destinadas a Grecia. Pero el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo sobrehumano para convencer a los mercados de que es así. Al menos en dos ocasiones el presidente francés, Nicolas Sarkozy, nos ha puesto como ejemplo de lo que no hay que hacer. Tras asegurar que ha salvado a su país de la catástrofe, ha hablado de España como si estuviera inmersa en ella.
La ayuda a Grecia supone la cifra más importante de la historia
La aprobación del segundo plan de ayuda masiva al país heleno, que suma 240.000 millones de euros, pasa ya a la historia como la cifra más importante que se haya dado jamás a un país en un menor período de tiempo sin mediar un conflicto militar. Además las cantidades tendrán que incrementarse. Las proyecciones matemáticas realizadas por los servicios de la Unión Europea a partir de las modificaciones exigidas por la mayor recesión en Grecia muestran que resulta imposible rebajar el endeudamiento hasta el 120% en el 2020 si no hay o más ayudas o más crecimiento.
A ello hay que añadir los más de 100.000 millones de euros de recorte de la deuda de 206.000 millones que tenía contraída con los acreedores privados. También este recorte según los analistas supone la mayor condonación de deuda pública jamás aplicada a un Estado sin que haya decretado suspensión de pagos.
La movilización ingente de cifras de fondos públicos y privados de esta magnitud son las que han llevado a los socios europeos a exigir a Grecia garantías adicionales que le van a llevar a tener que modificar su constitución.
Porque Grecia ha venido recibiendo desde su incorporación a las Comunidades Económicas Europeas ingentes cantidades de dinero. En relación con la población ha sido durante años el país que más ayuda comunitaria ha recibido con el objetivo de modernizar sus infraestructuras y su economía. Aunque se han producido mejoras espectaculares de las infraestructuras, desde los servicios del Tribunal de Cuentas de Luxemburgo se considera que en muchos casos ha sido un proyecto fallido.
Un país bajo tutela
Pese a la antipatía y las dudas legales que provoca la exigencia de la modificación de la Constitución griega -imposición interpretada como que el país queda bajo tutela- los mercados han reaccionado de forma positiva porque consideran que es la única forma de que Grecia aplique las reformas a las que se ha comprometido. Compromiso que en ocasiones anteriores no se ha cumplido.
A pesar de la polémica generada, los partidarios de los controles acordados recuerdan que se trata de garantizar el buen uso de los préstamos recibidos por parte de los países de la Unión, con dinero de los contribuyentes europeos.
Al principio de la crisis los dirigentes griegos primero, y los europeos más tarde, no quisieron reconocer el alcance de la gravedad de la situación del país heleno. En el 2008 llegaron a aprobar unas ayudas de unos miles de millones de euros tratando de transmitir que con ello los mercados recuperarían la confianza. No solo no fue así, sino que desde entonces se acabó con la confianza en el conjunto de la Unión Europea.
Por ello resulta paradójico que quienes han puesto el dedo en la llega para que no se vuelva a repetir lo sucedido sean tachados de antieuropeístas.
Decir la verdad y haber actuado en consecuencia habría evitado la catástrofe griega y en parte la mayor crisis de credibilidad de Europa. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho un enorme esfuerzo en explicar la realidad que se ha encontrado. Una vez que la Comisión Europea publique el próximo viernes sus estimaciones oficiales, el Ejecutivo español tendrá que hacer además del conocido esfuerzo de realismo, otro adicional para devolver la confianza a empresarios y trabajadores. Si las fuerzas luchan en sentido opuesto resultará muy difícil volver a los tiempos de la recuperación.
Artículo escrito por Carolina G.-Cortines
Publicado en capitalmadrid.com 22/02/2012