El Colegio Oficial de Mediadores de Seguros de Asturias, representado por el despacho gijonés Espacio Legal, se ha personado como acusación particular en una querella contra Caja Rural de Asturias por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secreto por presunta revelación de secreto de bases de datos de sus clientes en la tramitación de seguros.
Tal y como ha dado a conocer el Colegio esta semana, la querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo a instancias de la Fiscalía de Asturias, por un posible delito de uso fraudulento de datos privados de clientes por parte de Caja Rural de Asturias. Desde hace años, los mediadores de seguros colegiados de Asturias llevan denunciando ante la organización colegial esta práctica por parte de las entidades bancarias, alertados por los propios clientes.
El Colegio remitió en septiembre de 2018 los hechos a la Fiscalía para su valoración. Tras analizar la documentación remitida, la Fiscalía formuló denuncia por estos hechos ante el Juzgado de Guardia. La organización colegial se sirvió de los servicios de un detective privado para confirmar las sospechas del presunto uso fraudulento por parte de esta entidad financiera de los datos privados de sus clientes.
Supuestamente, Caja Rural de Asturias obtiene estos datos, sin que medie autorización previa de sus clientes, a través de los recibos de las pólizas de seguros contratadas por sus clientes con otras compañías y domiciliados en la entidad. Datos personales y de carácter privado que utiliza para ofrecerles seguros de la propia Caja Rural para la obtención de un beneficio propio. Incurriendo así, no solo en una flagrante violación de la normativa de protección de los datos personales (LOPD 15/1999, actual RGPD 2016/679), sino, además, llegando a incurrir en las conductas de tipo penal.
La organización colegial valora muy positivamente que la Fiscalía haya denunciado estos hechos ante el juez, pues es una práctica muy extendida y no siempre denunciada por los afectados.
El Colegio de Navarra presentó en 2016 un protocolo contra las malas prácticas bancarias que se puso a disposición de todos los colegiados e interesados con el objetivo de alertar tanto al consumidor como a los profesionales del seguro.